El delito de despojo mantiene una tendencia al alza en la Ciudad de México y motivó el fortalecimiento de las acciones de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), que informó la apertura de mil 846 carpetas de investigación durante 2026 y la creación de una estrategia especializada para atender estos casos y desarticular posibles redes delictivas.
El anuncio se dio tras la detención de Virginia «N» y Diana «N», madre e hija, acusadas de apropiarse ilegalmente de un inmueble ubicado en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez. La investigación comenzó el 21 de julio, cuando la propietaria detectó mediante cámaras de vigilancia la presencia de personas dentro de su vivienda sin autorización. Posteriormente, la Fiscalía aseguró el inmueble y un juez ratificó esa medida antes de que ambas mujeres fueran detenidas por agentes de la Policía de Investigación y trasladadas al penal de Santa Martha Acatitla.
De acuerdo con autoridades ministeriales, Virginia «N» laboraba en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y estaba certificada como mediadora privada. Además, vecinos la relacionan con otro presunto caso de despojo ocurrido en 2023 en la misma colonia.
La fiscal Bertha Alcalde Luján informó que las investigaciones buscan identificar objetivos prioritarios y establecer vínculos entre distintos expedientes para desarticular estructuras dedicadas al despojo de inmuebles, incluso cuando exista participación de servidores públicos.
Durante mesas de atención organizadas por el Gobierno capitalino y la Fiscalía, 81 personas presentaron denuncias, de las cuales 61 estuvieron relacionadas con posibles despojos y 20 con delitos como amenazas, lesiones y fraude procesal. Los casos provienen principalmente de las alcaldías Benito Juárez, Xochimilco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa.
Las autoridades identifican tres principales formas de operación: ocupación violenta de inmuebles, simulación de actos judiciales mediante documentos presuntamente irregulares y apropiación de viviendas deshabitadas o pertenecientes a personas en condición vulnerable para intentar acreditar posteriormente una falsa propiedad.
