La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, a quien acusa de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
La decisión fue confirmada por personas cercanas al exmandatario y deriva de las investigaciones sobre los bloqueos carreteros registrados entre mayo y junio de este año.
Durante siete semanas, organizaciones campesinas de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), respaldadas por grupos afines a Morales, mantuvieron bloqueadas diversas carreteras del occidente y centro del país para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Las movilizaciones provocaron desabasto de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, además de pérdidas económicas superiores a los 3 mil millones de dólares y la muerte de al menos 16 personas, de las cuales 13 fallecieron por no recibir atención médica oportuna debido a los cortes de circulación.
La denuncia fue presentada inicialmente por líderes cívicos de Santa Cruz y posteriormente respaldada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. La investigación también alcanza al dirigente de la COB, Marco Argollo, y al líder campesino Vicente Salazar, quien permanece en prisión preventiva por otra indagatoria relacionada con los mismos hechos.
Morales rechazó haber promovido la salida del presidente Paz y sostuvo que las protestas buscaban presionar al Gobierno para atender las demandas de diversos sectores sociales. Sin embargo, la Fiscalía considera que existen elementos para atribuirle responsabilidad en la organización de las movilizaciones.
El exmandatario permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, protegido por simpatizantes que impiden el cumplimiento de otra orden de captura vigente por un proceso por trata agravada de personas, relacionado con su presunta relación con una menor de edad, caso por el que también fue declarado en rebeldía tras no acudir al inicio del juicio.
