Puerto Rico cerró agosto de 2026 marcado por una combinación de sequía, crisis ambiental, privatización y resistencia ciudadana. Mientras miles de familias enfrentaban restricciones de agua, comunidades y científicos cuestionaban proyectos inmobiliarios y reformas legales que, advierten, podrían debilitar la protección de los recursos naturales.
La falta de agua afecta especialmente al norte de la isla, donde algunas familias llevan semanas sometidas a racionamientos y dependen de camiones cisterna para abastecerse. La situación responde a una sequía prolongada, pero también al deterioro de la infraestructura y a problemas de gestión.
Al mismo tiempo, en Cabo Rojo, más de 30 mil personas participaron en una movilización contra Esencia, un megaproyecto turístico y residencial de lujo respaldado por el gobierno. La iniciativa contempla viviendas millonarias, hoteles y servicios privados en una zona que habitantes y organizaciones consideran fundamental por su agua, costa y biodiversidad.
El debate ambiental se extiende al ámbito legislativo. El abogado ambientalista Pedro Saadé Lloréns advirtió sobre proyectos que trasladarían decisiones relacionadas con especies protegidas y patrimonio arqueológico hacia organismos enfocados en el desarrollo económico. Según el especialista, esto podría reducir las facultades de las agencias encargadas de proteger el medio ambiente.
Otra preocupación se centra en el carso, formación geológica que ocupa alrededor de 27 por ciento del territorio puertorriqueño y alberga importantes reservas de agua subterránea. Organizaciones científicas y ambientales rechazan una propuesta legislativa que modificaría su protección jurídica y permitiría considerarlo principalmente como materia prima.
El ingeniero Abel Vale Nieves, de Ciudadanos del Karso, alertó que sellar sumideros o pavimentar zonas de recarga disminuiría la disponibilidad de agua durante futuras sequías. Científicos y miles de ciudadanos han solicitado discutir públicamente la iniciativa.
En paralelo, la gobernadora Jenniffer González promovió en Nueva York una imagen de Puerto Rico como destino para la inversión. En contraste, el cantante Bad Bunny utilizó su plataforma para denunciar la privatización y defender el derecho de los puertorriqueños a permanecer en su territorio.
Así, la isla enfrenta una disputa que combina agua, territorio, vivienda, inversión y conservación ambiental, mientras crece la presión ciudadana para preservar sus recursos y garantizar que las decisiones sobre su futuro sean sometidas al escrutinio público.
