Brasil enfrenta una creciente disputa sobre la neutralidad de las plataformas digitales y la responsabilidad de las empresas tecnológicas durante la campaña presidencial. Los equipos de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro han acusado a redes sociales y herramientas de inteligencia artificial (IA) de favorecer a su contrincante mediante presuntos sesgos, restricciones de visibilidad y difusión de información falsa. Mientras las compañías rechazan actuar con parcialidad, las autoridades electorales investigan diversas denuncias.
Después de la primera vuelta, ambos candidatos avanzaron a la segunda ronda, prevista para el 25 de octubre. El conflicto se trasladó al entorno digital, donde los contenidos y las herramientas automatizadas se han convertido en motivo de controversia.
El 8 de octubre, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ordenó retirar tres publicaciones de Bolsonaro en X, tras una denuncia que las consideraba propaganda negativa anticipada contra Lula. Algunos materiales, presuntamente elaborados con IA, vinculaban al presidente con organizaciones criminales.
Posteriormente, el equipo de Lula acusó a Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, de limitar la promoción de publicaciones del mandatario. La empresa reconoció problemas técnicos, pero negó que existiera un sesgo ideológico y aseguró que las fallas no afectaron exclusivamente a Brasil ni a las cuentas presidenciales. Los denunciantes cuestionaron la transparencia de sus explicaciones y acudieron nuevamente a las autoridades.
La polémica aumentó después de que medios locales reportaran que Meta AI rechazaba generar imágenes con mensajes favorables a Lula, pero permitía crear otras en apoyo a Bolsonaro. La compañía respondió que había implementado medidas temporales para impedir la generación de imágenes que promovieran candidaturas durante el periodo electoral.
También se presentó una denuncia contra Gemini y el buscador con IA de Google, por respuestas que supuestamente atribuían a Lula declaraciones inexistentes sobre crimen organizado y terrorismo. El TSE solicitó explicaciones a la empresa y documentación a los denunciantes.
En contraste, el tribunal desestimó una denuncia de la campaña de Bolsonaro contra el canal de WhatsApp “Exército de Lula”, con más de cuatro millones de seguidores, y permitió que continuara operando.
Ante el aumento de litigios, el TSE advirtió a ambas campañas sobre el riesgo de judicializar la contienda y restringir el debate público. Tras la primera vuelta, se habían registrado 162 recursos judiciales, más del triple que en el mismo periodo de 2022. El caso evidencia los desafíos de garantizar transparencia, combatir la desinformación y proteger la libertad de expresión durante las elecciones.
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