Monterrey, 9 de octubre del 2025
El expresidente Donald Trump elevó su retórica contra funcionarios demócratas al sugerir el encarcelamiento del alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y del gobernador de Illinois, JB Pritzker, por oponerse al envío de tropas federales a su estado. En su red social, Trump los acusó de no proteger adecuadamente a agentes de inmigración (ICE). Johnson, quien recientemente firmó una orden ejecutiva que impide a agentes federales utilizar infraestructura municipal para operativos antimigratorios, respondió que no se dejará intimidar. Por su parte, Pritzker denunció que Trump busca castigar a funcionarios electos que limitan su poder, advirtiendo sobre una deriva autoritaria.
Mientras tanto, Trump volvió a cargar contra Portland, Oregon, describiéndola como una ciudad caótica que necesita intervención federal. Durante una reunión en la Casa Blanca, un periodista conservador afirmó que Antifa —un movimiento antifascista sin estructura formal— habría pintado siglas de un cártel mexicano en las calles de la ciudad, lo que Trump usó como argumento para endurecer su postura.
La Casa Blanca, durante el mandato de Trump, llegó a calificar a Portland como una “zona de guerra” por culpa de supuestos actos violentos perpetrados por grupos de izquierda radical, a pesar de que autoridades locales han desmentido esa narrativa, señalando que se trata de una estrategia para justificar la militarización de ciudades.
Trump ya ha desplegado la Guardia Nacional en ciudades como Washington y Los Ángeles, y sugiere que lo mismo podría ocurrir en otros lugares como Chicago y Portland, bajo el argumento de combatir el crimen, que atribuye en gran parte a la inmigración ilegal. Sin embargo, enfrentó frenos judiciales: una jueza bloqueó el despliegue en Portland, mientras otro juez permitió los operativos en Chicago, aunque con restricciones al accionar de ICE.
Ante estos obstáculos legales, el expresidente ha amenazado con invocar la antigua Ley de Insurrección —una norma del siglo XIX que permite al presidente usar fuerzas armadas sin el consentimiento de los gobernadores—, una medida polémica que expertos constitucionales debaten por sus implicaciones.
Una encuesta reciente de Reuters/Ipsos indica que el 58 % de los estadounidenses apoya el envío de tropas si hay una amenaza externa, pero más de la mitad considera injusto el proceso de deportaciones y desaprueba la política migratoria del gobierno.
