Ciudad de México, 19 de noviembre del 2025
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, negó haber presionado a comerciantes de la demarcación para asistir a la marcha de la llamada Generación Z, luego de que surgiera un video en redes sociales que Morena presentó como prueba para abrir una indagatoria. En conferencia de prensa, afirmó que “nunca he obligado ni obligaré a nadie a asistir a una manifestación”, e insistió en que su relación con mercados y comercio popular se basa en el respeto y el cumplimiento de la ley.
Sobre el video que detonó la investigación, aseguró que se trata de un material anónimo, sin verificación ni datos, y afirmó que no existe ningún registro oficial del comerciante que aparece en él. Señaló directamente a la diputada Diana Sánchez Barrios, quien exige investigarla, y acusó al gobierno federal de criminalizar la protesta y de usar instituciones públicas para perseguir a la oposición.
Rojo de la Vega sostuvo que la marcha obedeció al hartazgo de los jóvenes ante la inseguridad, el abandono gubernamental y la falta de oportunidades. Afirmó que cuentas vinculadas a Morena difundieron masivamente el video para responsabilizarla de financiar o promover la movilización: “Me señalaron, entre otros, de estar detrás de estas manifestaciones, de financiarlas y de provocarlas”.
La alcaldesa también confrontó la versión oficial del Gobierno capitalino. Mientras la jefa de Gobierno Clara Brugada negó haber ordenado represión, Rojo de la Vega aseguró que hubo un operativo policial desproporcionado, con más de 40 detenciones sin registro inmediato en el Registro Nacional de Detenciones. Explicó que “no existió folio porque el sitio web se cayó”, lo que dificultó conocer dónde estaban los jóvenes detenidos y bajo qué cargos, lo que, dijo, impidió un debido proceso.
De acuerdo con sus datos, el Juzgado Cívico reportó 122 detenciones relacionadas con armas o sustancias peligrosas; el Ministerio Público, 16 detenciones, incluyendo un menor liberado y 15 trasladados al reclusorio. También refirió la apertura de dos carpetas de investigación, una por lesiones (siete hombres) y otra por tentativa de homicidio (seis hombres y dos mujeres).
Finalmente, cuestionó la ausencia de acompañamiento de Derechos Humanos para las familias y denunció presuntos casos de tortura contra estudiantes, aunque admitió no presentar pruebas más allá de testimonios reservados por temor a represalias.
