Ciudad de México, 26 de febrero del 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma electoral que propone una profunda reestructuración del Congreso y cambios en la organización de las elecciones en México. Entre las modificaciones más destacadas, se plantea reducir el Senado de 128 a 96 integrantes, eliminando los 32 plurinominales, mientras que la Cámara de Diputados mantiene sus 500 integrantes, aunque con un nuevo esquema de representación proporcional: 97 para los candidatos perdedores con mayor votación, 95 por circunscripción y 8 por mexicanos residentes en el extranjero.
La propuesta también incluye la reducción del gasto electoral en un 25 por ciento, afectando al INE, a los organismos locales, el Tribunal Electoral y los partidos políticos, así como la disminución de sueldos y bonos de consejeros y altos mandos. Asimismo, se elimina el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que será reemplazado por un cómputo directo, y se reduce el tiempo de radio y televisión de las campañas de 48 a 35 minutos.
Otro eje clave es el fortalecimiento de la fiscalización. El INE tendrá acceso en tiempo real a todas las operaciones financieras de partidos y candidatos, se prohíben aportaciones en efectivo, y se introducirán tecnologías digitales para vigilar el gasto. Además, la reforma regula el uso de inteligencia artificial, prohibiendo bots y etiquetando contenidos generados por IA para proteger los derechos fundamentales y garantizar información veraz.
La iniciativa también busca ampliar la democracia participativa, incorporando figuras como referendos, plebiscitos, consultas populares y revocación de mandato, de modo que la ciudadanía pueda tomar decisiones directas sobre asuntos públicos. Se ratifican disposiciones ya existentes sobre prohibición de nepotismo y cancelación de la relección consecutiva a partir de 2030.
Durante la presentación, el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, enfatizó que el objetivo es garantizar que la pluralidad política surja del voto ciudadano, y no solo de acuerdos internos partidistas. La reforma pretende fortalecer la legitimidad democrática, racionalizar el gasto público político-electoral, robustecer la fiscalización, respetar el federalismo electoral y fomentar la participación ciudadana, reconociendo que las instituciones deben adaptarse a los cambios de la sociedad mexicana.
Con estos cambios, la administración busca un modelo más transparente, eficiente y participativo, que modernice las elecciones, reduzca costos y proteja la integridad de la información electoral, mientras fortalece la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y procesos democráticos.
