Por: Laura Campos Guido – @laura_camposguido.
“¿Para qué marchar si nada cambia?” La pregunta me la hicieron esta semana y pensé en los números.
La Encuesta Así Vamos Nuevo León 2025 revela que 7 de cada 10 personas consideran que la violencia contra las mujeres es frecuente o muy frecuente en el estado. No es una percepción marginal. Es una realidad compartida.
Pero hay algo más inquietante: más de 6 de cada 10 personas aún creen que si una mujer permanece en una relación violenta es, en parte, su responsabilidad. Además, casi la mitad de la población considera que la forma de vestir puede justificar una agresión. Estos datos no solo hablan de violencia; hablan de una cultura que sigue colocando el peso en las víctimas.
Cuando revisamos la percepción de seguridad, la brecha de género aparece con claridad. Las mujeres reportan sentirse inseguras en mayor proporción que los hombres, especialmente en espacios públicos como el transporte y la vía pública. La ciudad no se habita igual dependiendo del cuerpo que la transita.
La encuesta también confirma que la inseguridad continúa siendo uno de los principales problemas que preocupan a la ciudadanía en Nuevo León. Sin embargo, cuando se habla de seguridad, rara vez se coloca al centro la violencia cotidiana que viven las mujeres: el acoso, el miedo constante, la autocensura de horarios y trayectos.
Y hay otro dato clave: la confianza en las instituciones encargadas de procurar justicia sigue siendo limitada. Si las mujeres perciben violencia frecuente y, al mismo tiempo, dudan de las autoridades, ¿qué incentivos reales existen para denunciar?
En este contexto, marchar el 8M no es un gesto ornamental. Es una forma de convertir cifras en exigencia pública. Porque los datos no caminan solos. No ocupan plazas. No interpelan directamente a quienes diseñan presupuestos.
Además, no vivimos aislados. El panorama internacional también influye. En Estados Unidos, el endurecimiento del discurso político, los retrocesos en derechos reproductivos y la narrativa de “mano dura” frente a problemas sociales han generado un clima de polarización que termina permeando en América Latina. Cuando los derechos de las mujeres se ponen en discusión en una de las principales potencias del mundo, el eco llega a nuestras conversaciones locales.
En tiempos donde resurgen discursos conservadores y donde la violencia se intenta explicar como un asunto individual y no estructural, marchar es también una forma de defensa democrática. Es recordar que los derechos no son concesiones permanentes; son conquistas que requieren vigilancia constante.
La Encuesta 2025 no muestra un problema resuelto. Muestra una sociedad que reconoce la violencia, pero que todavía arrastra prejuicios; que exige seguridad, pero que no siempre incorpora la perspectiva de género en esa exigencia.
Por eso la pregunta no debería ser por qué marchamos.
La pregunta es qué pasaría si guardáramos silencio mientras los datos siguen creciendo y el mundo, dentro y fuera de nuestras fronteras, vuelve a discutir derechos que creíamos asegurados.
