La crisis migratoria en Ceuta, donde miles de personas han llegado a nado durante los últimos diez días y al menos 34 han muerto, ha reavivado el debate sobre la política migratoria de España. Mientras el Gobierno refuerza el control fronterizo con más efectivos y el apoyo del Ejército, organizaciones humanitarias advierten que la respuesta no debe centrarse únicamente en la seguridad, sino también en la protección de los derechos de quienes buscan refugio.
España y Marruecos acordaron reforzar la coordinación para gestionar la situación y agilizar la entrega de personas que ingresaron de manera irregular. Sin embargo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) recordó que Marruecos no puede considerarse un país seguro y subrayó que la legislación obliga a identificar a cada migrante, evaluar sus circunstancias individuales y permitir que solicite asilo antes de cualquier devolución.
El Ministerio del Interior atribuye el aumento de las llegadas a las redes de tráfico de personas, que habrían aprovechado una reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones inmediatas de quienes llegan a nado o en patera. No obstante, especialistas como el abogado Javier Moreno y el director de CEAR, Mauricio Valiente, rechazan que exista un «efecto llamada» y sostienen que el fallo únicamente reconoce derechos ya establecidos.
Las organizaciones también señalan que el incremento de llegadas responde a factores estacionales, como las mejores condiciones del mar durante el verano, la cercanía de la Feria de Ceuta y la ausencia de vías legales y seguras para migrar. Además, consideran que la saturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) pudo evitarse mediante una mejor planificación y el traslado oportuno de personas al sistema estatal de acogida.
Aunque el Gobierno español asegura que Marruecos coopera para contener la crisis, defensores de derechos humanos advierten que las personas migrantes continúan siendo utilizadas como herramienta en disputas políticas y diplomáticas, mientras insisten en que endurecer las fronteras no resolverá el fenómeno migratorio.
