Monterey, 16 de octubre del 2025
Las intensas lluvias y crecidas de ríos han devastado el norte de Veracruz y varios municipios en Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, dejando un saldo trágico de 66 muertos y cerca de 75 desaparecidos.
Frente a esta emergencia, el gobierno federal ha activado diversos apoyos para las comunidades afectadas, mientras que la sociedad civil también ha mostrado su solidaridad mediante centros de acopio en la Ciudad de México y otras regiones. Sin embargo, en medio de la crisis, reaparece un actor conocido disfrazado de benefactor: el crimen organizado.
Recientemente, en redes sociales circularon imágenes y videos de supuestos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) entregando despensas en Tihuatlán, Veracruz, un área donde mantienen fuerte presencia, según informes filtrados del ejército. En los videos, civiles armados reparten provisiones etiquetadas con las siglas CJNG, mencionando que son obsequios del grupo.
La difusión del video generó controversia e incluso llegó a la atención de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien evitó pronunciarse. No obstante, esta táctica no es nueva: diversos cárteles han usado la entrega de ayuda durante desastres o festividades para ganar influencia, con un propósito que va más allá de la simple ayuda.
Desde la época del Cártel de Guadalajara, los grupos criminales han financiado construcciones comunitarias, replicado luego por otros cárteles como el de Sinaloa, Los Zetas y el CJNG. Por ejemplo, en diciembre de 2024, en Michoacán, se documentó el agradecimiento público hacia el líder del CJNG por regalar obsequios y comida en Navidad.
También tras el huracán Otis en Guerrero (2023), o la tormenta tropical Norma en Sinaloa, grupos criminales entregaron ayuda con marcas que remiten a sus líderes. Durante la pandemia de COVID-19, la repartición de despensas por el narco se registró en al menos diez estados, demostrando que aprovechan cualquier crisis para consolidar su presencia.
El ex presidente López Obrador criticó esta práctica, señalando que el crimen no cesa con la entrega de apoyos. Investigaciones académicas coinciden en que estos actos buscan legitimar socialmente al crimen, mostrando un “rostro benevolente” para justificar su poder y funciones que deberían ser del Estado.
El doctor Isaac Enríquez Pérez explica que esta estrategia busca normalizar la convivencia con lo ilegal, mientras las organizaciones buscan controlar territorios imponiendo reglas y su propia autoridad, desplazando al Estado.
Para los habitantes, esto se traduce en una “venta de protección” disfrazada de ayuda, pero que en esencia es una extorsión brutal. El sociólogo Luis Astorga señala que los pobladores quedan como rehenes, obligados a aceptar esta falsa protección impuesta por la fuerza.
Así, el “altruismo” del narco no es más que una estrategia para perpetuar su dominio, donde la ayuda temporal oculta un costo social y político mucho más grave para las comunidades afectadas.
