Monterey, 16 de octubre del 2025
La Fiscalía de Perú informó este jueves que está llevando a cabo una investigación rápida debido a graves violaciones de derechos humanos, tras la muerte de un manifestante en las protestas multitudinarias realizadas el miércoles en Lima contra el Gobierno y el Congreso, motivadas por la crisis de corrupción y la inseguridad ciudadana en el país.
El Ministerio Público detalló a través de la red social X que buscan esclarecer las circunstancias de la muerte de Eduardo Ruiz, de 32 años, quien recibió un disparo durante las protestas cerca de la plaza Francia en el Cercado de Lima, el 15 de octubre.
La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo asumió el caso, ordenando el levantamiento del cadáver y la recopilación de pruebas audiovisuales y balísticas en el lugar del incidente, considerado un caso de graves violaciones a los derechos humanos.
Ruiz murió hacia el final de la protesta, según informó inicialmente la Defensoría del Pueblo, que también reportó más de cien heridos, incluyendo 78 policías y 24 manifestantes, además de diez detenidos.
Carlos León, director general de operaciones en Salud del Ministerio de Salud, declaró al Canal N que la mayoría de heridos civiles fueron atendidos por golpes, contusiones y efectos de gases lacrimógenos. Dos manifestantes requirieron cirugía, aunque aún no se ha confirmado si sus heridas fueron causadas por balas, aunque sí se reportaron impactos de perdigones.
Ruiz participaba en la protesta que rechazaba la corrupción y la creciente inseguridad vinculada al crimen organizado. Testigos afirmaron que su muerte fue causada por un disparo presuntamente realizado por un agente policial encubierto (‘terna’), quien habría abierto fuego mientras escapaba tras ser descubierto.
El presidente interino José Jerí pidió que las investigaciones sean objetivas y expresó su solidaridad con la familia de la víctima. Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, ordenó una investigación inmediata y negó la presencia de agentes ‘terna’ en el área, lamentando la muerte y comprometiéndose a esclarecer el caso.
Tiburcio forma parte del nuevo Gobierno de transición designado por Jerí, quien asumió la presidencia tras la destitución de Dina Boluarte, acusada de incapacidad moral para manejar la crisis de inseguridad.
La manifestación del miércoles, una de las mayores en los últimos años, se replicó en varias ciudades y siguió a una ola de protestas que causaron al menos 49 muertes civiles entre finales de 2022 y principios de 2023, periodo en el que Boluarte asumió el poder tras la detención de Pedro Castillo por un intento fallido de golpe de Estado.
