Monterrey, 29 de octubre del 2025
La Cámara de Diputados aprobó anoche la Ley General contra la Extorsión, que establece una pena base de 6 a 15 años de prisión para quienes cometan este delito, con 34 agravantes que podrían aumentar la sanción. Sin embargo, el PT y el PRI advirtieron que en cuatro estados donde actualmente las penas son más severas, esta nueva legislación podría permitir la liberación inmediata de unos 600 presos por extorsión.
La propuesta, que también modifica el Código Penal Federal para que la extorsión sea un delito que amerite prisión preventiva oficiosa y se persiga de oficio, fue aprobada por unanimidad en lo general. No obstante, una reserva impulsada por Morena, PT, PVEM y MC para reducir las sanciones a funcionarios públicos que omitan denunciar casos de extorsión generó división.
Finalmente, el dictamen se avaló con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones, y fue enviado al Senado para su revisión.
La iniciativa original proponía penas de 10 a 20 años de prisión para policías, agentes del Ministerio Público, jueces y directivos penitenciarios que encubrieran o no denunciaran estos delitos. Sin embargo, tras la reserva, la sanción se redujo a entre 5 y 12 años.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, justificó el cambio bajo el principio de proporcionalidad, argumentando que la omisión de un funcionario no debe castigarse igual que la comisión del delito. En contraste, el PAN y el PT propusieron aumentar la pena básica de la extorsión a 10-20 años para evitar que se liberen condenados en estados donde las penas actuales son más altas.
Monreal reconoció que el tema podría generar conflictos de retroactividad en estados como Chihuahua, donde la sanción alcanza hasta 30 años de cárcel.
Por su parte, el petista Ricardo Mejía Berdeja señaló que la omisión de denuncia es un delito distinto a la extorsión, aunque relacionado. Precisó que si el extorsionador es un funcionario, enfrentará agravantes que pueden elevar la pena hasta 25 años de prisión, sin posibilidad de beneficios de libertad anticipada o prisión domiciliaria.
Durante el debate, que se extendió por más de 10 horas, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera (Morena), destacó que con esta ley se unificará el tipo penal para fortalecer la coordinación entre estados y federación en el combate a la extorsión.
La norma también contempla que la investigación inicie de oficio, se reciban denuncias anónimas al 089, se bloqueen teléfonos en prisiones, y que los bienes decomisados a extorsionadores se destinen a reparar el daño a las víctimas. No obstante, la extinción de dominio no aplicará sobre bienes ya transferidos al gobierno federal o estatal.
