Monterrey, 14 de noviembre del 2025
Un informe difundido ayer por la organización Oil Change International reveló que 25 países suministraron petróleo a Israel durante la guerra en Gaza, acción que la ONG considera una forma de “complicidad” con lo que califica como “genocidio”. El documento, presentado en el marco de la COP30 en Brasil, señala que Azerbaiyán y Kazajistán aportaron cerca del 70 por ciento del crudo enviado a Israel entre el 1 de noviembre de 2023 y el 1 de octubre de 2025.
El informe también indica que Rusia, Grecia y Estados Unidos encabezaron la exportación de productos petrolíferos refinados hacia Israel, siendo este último el único proveedor de JP-8, un combustible empleado en aeronaves militares.
Según Oil Change International, los países que abastecieron de combustible a Israel “lo hicieron con pleno conocimiento de las atrocidades cometidas”. La organización, que promueve la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, afirma que la documentación del suministro busca dejar constancia de esa responsabilidad y exige que estas naciones reconozcan su participación y pongan fin a su colaboración.
Para elaborar el estudio, la ONG encargó a la firma de análisis Data Desk el rastreo de los envíos, identificándose 323 cargamentos durante el periodo evaluado, que sumaron 21.2 millones de toneladas.
La ofensiva israelí comenzó en octubre de 2023 tras un ataque del movimiento palestino Hamas que dejó 1,221 muertos en Israel, en su mayoría civiles, según datos oficiales recopilados por la Afp. Desde entonces, más de 69 mil palestinos —principalmente civiles— han fallecido en Gaza como resultado de la campaña militar de Tel Aviv, de acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí, cuyas cifras cuentan con la validación de la ONU. Tanto la Corte Internacional de Justicia como una comisión de Naciones Unidas han señalado la ilegalidad de las acciones israelíes, concluyendo esta última que se ha cometido un “genocidio”.
Irene Pietropaoli, experta en derechos humanos y economía del Instituto Británico de Derecho Internacional y Comparado, subraya que los Estados tienen la obligación de acatar las órdenes provisionales de la CIJ y advierte que cualquier forma de apoyo, incluido el militar, podría ser considerada como “complicidad en un genocidio”.
