Monterrey, 20 de noviembre del 2025
El Tribunal Supremo de España anunció un fallo histórico al condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. Aunque el texto íntegro de la sentencia aún no se ha difundido, el fallo ya es firme y obliga a su cese inmediato en cuanto se formalice por escrito. Con ello, el gobierno de Pedro Sánchez deberá designar de urgencia a un nuevo titular para encabezar la Fiscalía General.
La decisión llega tras la reciente conclusión del juicio oral, el primero en la historia del país en el que un fiscal general se sienta en el banquillo. De los siete magistrados de la Sala de lo Penal, cinco votaron a favor de la condena y dos se posicionaron en contra, quienes emitirán un voto particular. Debido a la relevancia institucional del caso, el tribunal optó por anunciar el fallo por adelantado y publicar más adelante su argumentación jurídica definitiva.
Según el fallo, García Ortiz es condenado conforme al artículo 417.1 del Código Penal por divulgar información reservada conocida por razón de su cargo. La pena incluye doce meses de multa —con una cuota diaria de 20 euros—, dos años de inhabilitación especial como fiscal general y el pago de las costas procesales. Aunque la normativa prevé penas más amplias, el Supremo optó por absolver al acusado de otros delitos, evitando así la prisión, que había sido solicitada por la acusación particular.
Además de la inhabilitación, el tribunal impone una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, empresario madrileño y denunciante del caso, conocido también por ser pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
La condena está vinculada a la actuación del fiscal general durante el 13 y 14 de marzo, cuando la Fiscalía divulgó información referente a la negociación judicial de González Amador por un presunto delito fiscal, revelando su identidad y su relación sentimental con la presidenta madrileña. García Ortiz habría intervenido directamente en la nota de prensa que incluso incluía fragmentos del intercambio privado entre abogados y Fiscalía, vulnerando así su deber de confidencialidad.
Tras conocerse el fallo, el gobierno afirmó “respetar pero no compartir” la decisión y ha iniciado los procedimientos para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado.
