Por: Roberto Alfonso Gallardo Galindo.
Mientras el mundo avanza en discusiones cruciales sobre inteligencia artificial, transición energética, geopolítica moderna y economías del conocimiento, México permanece atrapado en un debate público estéril y anacrónico. Nuestra conversación nacional no sólo es irrelevante para los desafíos actuales, sino que actúa como una cortina de humo que perpetúa un sistema político agotado.
Por un lado, se desperdician energías en la discusión de si “la izquierda” es mejor que “la derecha”. Este esquema carece de sentido en un sistema donde todos los partidos mayoritarios provienen del mismo sustrato: una Constitución corporativista, creadora de una partidocracia que opera al margen del interés general. Un vistazo a la realidad lo confirma: estos partidos dan prioridad a su lealtad interna sobre el marco legal que juraron defender. Si son capaces de ignorar el Derecho, ¿con qué credibilidad invocan ideologías vagas y maleables como “izquierda” o “derecha”? Es un teatro ejecutado para simular diferencias en donde hay, en realidad, un pacto tácito de preservación del statu quo.
Por otro lado, el escándalo público se reduce a una competencia pueril por señalar “quién es más corrupto”. La verdadera crisis no es la corrupción personal, sino la impunidad generalizada. El escándalo no es que haya un corrupto, sino que todos sean acusados y nada pase. Centrarse en el ranking de deshonestidad es un ejercicio que distrae de la demanda central: necesitamos instituciones que, por diseño, hagan imposible la corrupción y castiguen sin excepción cualquier delito. Discutir quién es “menos peor” normaliza el que todos sean malos.
Peor aún, nuestra política sigue anclada en consignas históricas venerables pero hoy insuficientes. “Sufragio efectivo, no reelección” o “Tierra y Libertad” fueron faros en su momento, pero no son un programa para el siglo XXI. Los retos principales de México ya no son los de 1910 o 1917. Hoy exigimos un crecimiento económico sustentable y sostenido a través de la consolidación de un modelo industrial moderno y el salto acelerado a la economía del conocimiento, la innovación y la tecnología, junto con la participación ciudadana, todas ellas vías para alcanzar una seguridad efectiva que garantice el derecho básico de la población a vivir libre de la violencia criminal y la corrupción institucionalizada que fracturan el tejido social.
Aferrarse a modelos caducos, consignas obsoletas y discusiones barrocas nos deja indefensos ante nuevas amenazas que sí entendieron la modernidad: el avance de un socialismo del siglo XXI que erosiona la democracia y la familia, así como el fundamentalismo religioso que ha mutado de opresor local a poder transnacional con capacidad de desestabilización. Estas fuerzas entrelazadas comparten un objetivo: debilitar la gobernanza democrática y republicana para imponer modelos autoritarios de control. Mientras nosotros discutimos sobre fantasmas ideológicos del pasado, ellos actúan, cooptando desde periodistas hasta Presidentes.
Estamos a tiempo de ponernos al día. La lucha no debe ser por un lugar en la mesa del sistema de partidos, un sistema que, en su pugna por el poder, amenaza con regresarnos de facto al partido único mediante todo tipo de fraudes a la democracia.
La verdadera lucha es por la sociedad mexicana del futuro: competitiva, informada, participativa, segura, con movilidad social basada en el mérito y anclada en instituciones democráticas fuertes.
Debemos dejar atrás el modelo caduco de la revolución mexicana, y dejar de seguir el “guión” establecido por el statu quo.
El llamado es a movilizarnos no por comparaciones entre ideologías vagas, menos aún por competencias entre partidos siameses, ni por lemas del pasado, sino por una agenda que aborde retos concretos: talento en la administración, justicia que se cumpla, educación de excelencia y una economía que ofrezca oportunidades reales. La alternativa es seguir siendo espectadores del retroceso, discutiendo irrelevancias mientras el futuro se decide sin nosotros.
