Por: Laura Campos.
Cada vez que una niña o un niño denuncia una situación de violencia, la reacción de las personas adultas suele comenzar con una pregunta equivocada: ¿quién le dijo que dijera eso?
Antes de investigar los hechos, antes de garantizar su seguridad, antes de analizar los riesgos que enfrenta, muchas veces el foco se desplaza hacia la posibilidad de que esa infancia esté siendo influenciada por alguien más. Como si la principal preocupación no fuera la denuncia en sí misma, sino el origen de sus palabras.
Esta forma de actuar revela una cruel realidad: seguimos viviendo en una sociedad profundamente adultocentrista. Una sociedad donde las voces de niñas, niños y adolescentes son consideradas importantes únicamente cuando coinciden con la interpretación de las personas adultas.
Paradójicamente, hemos avanzado en el reconocimiento jurídico de los derechos de las infancias. La Convención sobre los Derechos del Niño establece con claridad que tienen derecho a expresar su opinión en todos los asuntos que les afecten y a que esta sea debidamente tomada en cuenta según su edad y madurez. En México, el principio del interés superior de la niñez obliga a que cualquier decisión pública o judicial coloque su bienestar y protección por encima de cualquier otro interés.
Sin embargo, entre la ley y la realidad sigue existiendo una enorme distancia.
Escuchar a una niña o un niño no significa asumir automáticamente que todo lo que dice constituye una verdad absoluta. Significa algo más básico y más importante: reconocer que su voz merece ser tomada en serio y que cualquier señal de posible violencia requiere una investigación inmediata, profesional y especializada.
La sospecha sobre una posible influencia adulta no puede convertirse en un obstáculo para proteger. No puede transformarse en una excusa para ignorar, minimizar o retrasar actuaciones que podrían resultar determinantes para la seguridad de una infancia.
Con demasiada frecuencia, las instituciones siguen observando los conflictos familiares desde una lógica centrada en las disputas entre personas adultas. Custodias, convivencias, desacuerdos parentales y litigios complejos terminan ocupando el centro de la discusión, mientras la experiencia de niñas y niños queda relegada a un segundo plano.
Pero las infancias no son pruebas dentro de un expediente. No son instrumentos de una estrategia legal. No son extensiones de sus madres o de sus padres. Son personas titulares de derechos.
Una perspectiva de infancia exige cambiar la pregunta. En lugar de preguntarnos quién pudo influir en una niña o un niño, deberíamos preguntarnos qué necesita para sentirse segura o seguro. En lugar de buscar contradicciones inmediatas, deberíamos garantizar espacios adecuados para escucharle. En lugar de proteger procedimientos, deberíamos proteger personas.
Escuchar no es creer ciegamente. Escuchar es investigar. Escuchar es acompañar. Escuchar es comprender que el riesgo de ignorar una denuncia puede ser mucho más grave que el de tomarla en serio.
La infancia tiene pocas herramientas para defenderse del mundo adulto. Su voz es una de las más importantes.
Por eso, cuando una niña o un niño habla, la prioridad no debería ser poner en duda sus palabras. La prioridad debería ser asegurarnos de que nunca tenga que repetirlas porque nadie quiso escucharle la primera vez.
