El Gobierno de Cuba respondió este miércoles a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y lo acusó de utilizar argumentos políticos para justificar un incremento de las presiones económicas y diplomáticas contra la isla.
La reacción fue encabezada por el canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien cuestionó los señalamientos realizados por el funcionario estadounidense durante una audiencia ante el Senado, donde afirmó que Cuba mantiene vínculos con actividades relacionadas con el terrorismo y alberga instalaciones de inteligencia asociadas a China y Rusia.
A través de redes sociales, Rodríguez aseguró que Rubio carece de fundamentos para sostener la permanencia de Cuba en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo y sostuvo que las medidas impulsadas por Washington tienen fines políticos.
El canciller afirmó que la estrategia del gobierno estadounidense busca incrementar la presión económica sobre la isla, profundizar la crisis que enfrenta el país y generar condiciones de inestabilidad interna.
Las declaraciones se producen en medio de una nueva escalada de tensiones entre ambos gobiernos. En meses recientes, Marco Rubio ha reiterado que Estados Unidos considera preocupante cualquier presencia militar o de inteligencia de naciones consideradas adversarias en el Caribe, particularmente por la cercanía geográfica de Cuba con territorio estadounidense.
La postura fue reforzada por el presidente Donald Trump mediante la Orden Ejecutiva 14404, firmada a finales de enero, en la que calificó a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y estableció nuevas restricciones económicas dirigidas a diversos sectores estratégicos de la isla.
Durante su comparecencia ante legisladores, Rubio sostuvo además que Cuba requiere una transformación profunda de su sistema político y económico para dejar atrás las condiciones que, a su juicio, la han convertido en un Estado fallido.
Las medidas impulsadas por Washington incluyen restricciones que afectan áreas como energía, minería, defensa y servicios financieros, así como la posibilidad de bloquear activos de personas o empresas con vínculos comerciales con entidades cubanas relacionadas con esos sectores.
De acuerdo con autoridades cubanas, estas acciones han tenido repercusiones en la actividad económica del país, provocando que algunas compañías internacionales reduzcan o suspendan operaciones en la isla.
La Habana sostiene que las sanciones forman parte de una política de presión permanente destinada a agravar los problemas económicos y energéticos que enfrenta la nación caribeña.
Las diferencias entre ambos gobiernos se han intensificado en los últimos meses, especialmente después de declaraciones del presidente estadounidense sobre el futuro de la relación bilateral, interpretadas por las autoridades cubanas como una señal de una postura cada vez más confrontativa hacia la isla.
En este contexto, el Gobierno de Cuba reiteró su rechazo a las acusaciones formuladas por Washington y denunció que las sanciones y restricciones continúan afectando el desarrollo económico del país y las condiciones de vida de su población.
