Colombia modificó su postura frente a la ayuda internacional tras el terremoto de magnitud 7.4 que golpeó el centro y oeste del país. Después de dos días de controversia, el Gobierno anunció que permitirá el ingreso de equipos extranjeros de búsqueda y rescate que cumplan los estándares establecidos por INSARAG, organismo internacional especializado en este tipo de operaciones.
El nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Tamayo, explicó que los grupos deberán contar con reconocimiento oficial y capacidad para operar de manera autónoma, sin representar gastos adicionales para Colombia.
La decisión supone un cambio respecto a la postura adoptada un día antes por Javier Pava, entonces director encargado de la UNGRD, quien había considerado innecesario activar equipos internacionales debido a que el país contaba con 23 grupos de rescate USAR.
La medida generó cuestionamientos de gobiernos que habían ofrecido asistencia, entre ellos México, El Salvador, Perú, Israel, Estados Unidos y Chile. La ONU también manifestó su disposición para colaborar con las autoridades colombianas.
Los Topos de México, especializados en rescates entre estructuras colapsadas, finalmente ingresaron al país y llegaron a Cali, donde las autoridades locales advirtieron que quedaba poco tiempo para localizar sobrevivientes. Estados Unidos también desplegó 22 especialistas y anunció millones de dólares en ayuda para refugios, alimentos y evaluación de daños.
La apertura internacional ocurre mientras continúan las labores de rescate tras una tragedia que dejó, hasta el último reporte citado, 287 personas fallecidas, más de mil 600 heridas y más de 280 desaparecidas. En algunas zonas, decenas de personas permanecen bajo los escombros y la llamada ventana de oportunidad para encontrar sobrevivientes se reduce con el paso de las horas.
La emergencia también expuso tensiones dentro del nuevo Gobierno. Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia apenas tres días antes del terremoto, en medio de una transición incompleta y cambios en organismos clave.
Ahora, el Gobierno colombiano sostiene que la cooperación internacional permanece abierta, siempre que los equipos cumplan los protocolos establecidos.
