Comunidades p’urhépecha, otomís, matlazincas, náhuatl y afromexicanas de Michoacán iniciaron este martes la toma de cuatro autopistas y de las instalaciones de la geotermoeléctrica Los Azufres, operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para denunciar la contaminación de sus territorios y exigir acciones de protección ambiental, seguridad y justicia.
De acuerdo con el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), alrededor de 80 comunidades participan en las movilizaciones, cuyo principal reclamo es atender la crisis ambiental y sanitaria que, aseguran, afecta a poblaciones del Oriente del estado debido a la operación de la planta.
El organismo también demanda la renuncia de Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la CFE, a quien responsabiliza de mostrar “indolencia e incapacidad” frente a la problemática denunciada.
Las comunidades señalaron que el conflicto se agravó luego de que una inspección a las instalaciones, programada para el 19 de agosto, no pudiera realizarse. La revisión había sido acordada en el Comité Interinstitucional Calidad Ambiental y Salud Pública Los Azufres, con participación de autoridades federales y estatales. Sin embargo, según el CSIM, funcionarios de la CFE no acudieron ni permitieron el acceso, mientras tampoco se presentaron los titulares de las dependencias convocantes.
El Consejo también cuestionó a Profepa y Semarnat, al señalar que no consiguieron concretar los permisos necesarios para efectuar la inspección. Asimismo, recordó que Gabriela Ortiz Merino, subprocuradora de Inspección y Vigilancia Industrial de Profepa, se comprometió desde abril a encabezar una revisión, sin que ésta se haya concretado.
El pliego petitorio incluye además la creación de un Comité Interinstitucional para Salvaguardar el Lago de Zirahuén, cuya contaminación, advierten, amenaza su permanencia, así como la liberación de la defensora ambiental María Cruz Paz Zamora, detenida en junio de 2024.
Las comunidades también rechazaron las consultas federales sobre la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, al considerar que el proceso es una simulación y que la propuesta limita la autodeterminación y representa un retroceso en la defensa territorial.
El CSIM justificó las movilizaciones al señalar que las comunidades han agotado las vías institucionales y que recurren a la organización colectiva ante la falta de respuestas gubernamentales.
