Bolivia comenzó a abrirse formalmente a los mercados de carbono en agosto de 2024, durante el gobierno de Luis Arce, después de modificar el marco jurídico que durante años había prohibido la mercantilización de los servicios de la naturaleza. Aunque una sentencia constitucional y el Decreto Supremo 5264 permitieron avanzar hacia una nueva regulación, especialistas advierten que el país todavía enfrenta un escenario de incertidumbre institucional que podría generar riesgos para los territorios indígenas.
Los créditos de carbono son instrumentos mediante los cuales empresas buscan compensar sus emisiones financiando proyectos destinados a reducir o capturar gases de efecto invernadero. En América Latina, uno de los mecanismos más utilizados es REDD+, que pretende conservar bosques mediante incentivos económicos vinculados a la reducción de la deforestación y la degradación forestal.
Miguel Vargas, abogado e investigador de la problemática indígena en Bolivia, considera que el país ingresa a este mercado en condiciones de debilidad institucional. Señala que la estructura diseñada para administrar y supervisar estos proyectos desde el gobierno central todavía no corresponde con la complejidad ambiental y territorial boliviana.
El desafío es especialmente relevante porque alrededor de 20 por ciento de los bosques del país se encuentra dentro de territorios indígenas titulados, principalmente en la Amazonía, la Chiquitania y el Chaco. Vargas considera indispensable fortalecer la fiscalización y garantizar que las empresas que negocian con comunidades respeten derechos como la consulta previa, libre e informada, la participación en las decisiones y una distribución equitativa de los beneficios.
El economista ambiental Stasiek Czaplicki coincide en que Bolivia aún no reúne las condiciones necesarias. A su juicio, existen vacíos en regulación, salvaguardas, transparencia contractual y mecanismos de consulta, lo que podría favorecer abusos, fraudes, conflictos territoriales y greenwashing.
El gobierno de Rodrigo Paz, por su parte, plantea convertir la conservación de los bosques en una fuente de financiamiento. Su programa contempla certificar cerca de 20 millones de hectáreas y captar entre 15 mil y 25 mil millones de dólares durante los próximos 25 años mediante créditos de carbono. También propone involucrar a las Fuerzas Armadas en la vigilancia de áreas naturales.
Especialistas reconocen el enorme potencial forestal de Bolivia, pero señalan que antes deben fortalecerse las instituciones, los sistemas de monitoreo y la participación comunitaria. Natalia Calderón, de la Fundación Amigos de la Naturaleza, advierte que estos ingresos no sustituirán a corto plazo los recursos de los hidrocarburos.
Además, los expertos subrayan que los créditos sólo tendrán beneficios ambientales reales si se acompañan de acciones para reducir la deforestación y los incendios forestales. De lo contrario, advierten, el mercado podría convertirse en una solución financiera que no atienda las causas de la pérdida de bosques y que, al mismo tiempo, incremente la presión sobre los territorios indígenas.
