Categoría: Tecnologia

El ingeniero británico Jacob Coxon, quien trabajó anteriormente en OpenAI y posteriormente se incorporó a Anthropic, anunció su renuncia al considerar que las principales empresas de inteligencia artificial no están actuando con la responsabilidad necesaria frente a los riesgos de esta tecnología.

Coxon, de 27 años, ha sido identificado por medios como uno de los ingenieros que participaron en el desarrollo de GPT-4o y GPT-4.5, aunque no ocupó puestos ejecutivos. Tras dejar Anthropic, publicó en X una serie de reflexiones en las que cuestionó la velocidad con la que avanza la IA y sostuvo que quienes trabajan en el sector son conscientes de que los sistemas futuros podrían representar una amenaza extrema para la humanidad.

Según el ingeniero, los modelos de IA podrían convertirse próximamente en sistemas sobrehumanos, capaces de vulnerar sistemas informáticos, transformar numerosas actividades y adquirir un nivel significativo de poder y recursos. A su juicio, la capacidad potencial de estas tecnologías está siendo subestimada.

Coxon considera que tanto OpenAI como Anthropic conocen los desafíos que plantea el desarrollo de sistemas cada vez más avanzados, aunque percibe diferencias entre ambas. Mientras cree que OpenAI quizá no ha asumido completamente las implicaciones para la civilización, sostiene que Anthropic comprende mejor los riesgos, pero está inmersa en una carrera tecnológica por alcanzar primero determinados avances.

Ante este escenario, propone una mayor coordinación entre empresas y proyectos de IA. Incluso plantea medidas consideradas costosas, como una pausa temporal en el aumento de las capacidades de los modelos, mientras se desarrolla un conocimiento más riguroso sobre su funcionamiento.

Sus advertencias recibieron el respaldo parcial de Evan Hubinger, investigador de Anthropic, quien afirmó que dentro de la empresa existe una preocupación real sobre la posibilidad de que una IA avanzada llegue a provocar la extinción humana. Hubinger estimó personalmente en más de 10% el riesgo durante la próxima década, aunque consideró bajo el peligro asociado con los modelos actuales.

También señaló como preocupación futura la superinteligencia derivada del automejoramiento recursivo, proceso que, según dijo, avanza con mayor rapidez de la prevista.

Coxon se suma así a otros especialistas que han advertido sobre estos riesgos. Entre ellos está Geoffrey Hinton, ganador del Nobel de Física, quien dejó Google en 2023 para hablar públicamente sobre los peligros de la IA. Además, exempleados de OpenAI difundieron en 2024 una carta para alertar sobre el desarrollo acelerado de estos sistemas y la falta de protección para denunciantes.

El lobo gris mexicano (Canis lupus baileyi), especie que históricamente habitó amplias regiones del norte y centro de México y el suroeste de Estados Unidos, enfrenta nuevamente un escenario de riesgo. Tras décadas de persecución por conflictos con la actividad ganadera, fue declarado extinto en vida silvestre en ambos países durante la década de 1970.

A partir de entonces, Estados Unidos y México pusieron en marcha programas de conservación que incluyen reproducción en cautiverio, intercambio de ejemplares, monitoreo y reintroducción. El objetivo es mantener una población genética conjunta y reducir las muertes provocadas por actividades humanas.

En México participan la Semarnat, Conanp, Profepa y la Dirección General de Vida Silvestre, mientras que en Estados Unidos intervienen el Servicio de Pesca y Vida Silvestre y autoridades de Arizona y Nuevo México.

Sin embargo, la protección de la especie enfrenta nuevas presiones políticas. Durante su primer mandato, Donald Trump impulsó su salida de la lista de especies protegidas por la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA), aunque un tribunal anuló aquella decisión.

El año pasado, el congresista republicano Paul Gosar presentó el proyecto HR 4255, que propone retirar al lobo mexicano de la protección federal y separar las poblaciones de México y Estados Unidos. La iniciativa argumenta la necesidad de proteger los intereses económicos y la seguridad de las familias ganaderas, principalmente en la frontera.

El proyecto fue aprobado en enero por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, aunque todavía no tiene fecha para ser discutido por el pleno. A ello se suma una orden ejecutiva reciente de Trump que busca reducir las medidas de protección y favorecer al sector ganadero.

Organizaciones ambientalistas cuestionan la medida. Western Watersheds Project considera que el impacto de los lobos sobre la ganadería es reducido frente a otros problemas que enfrenta el sector, mientras que Wolf Conservation Center recuerda que los ganaderos pueden recibir compensaciones por pérdidas ocasionadas por depredación y acceder a programas de prevención.

El programa de recuperación ha permitido aumentar la población. En Estados Unidos se contabilizaban 319 lobos en libertad hasta finales del año pasado, aunque especialistas advierten que la cifra todavía es insuficiente debido a los problemas genéticos y la fragmentación de las poblaciones.

En México se contabilizaban oficialmente entre 30 y 35 ejemplares, aunque nuevas liberaciones realizadas en Chihuahua y Durango podrían elevar la cifra a poco más de 40.

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que el lobo mexicano es una especie en peligro de extinción y subrayó que, por su carácter transfronterizo, México y Estados Unidos deben mantener una coordinación para garantizar su conservación.

Bolivia comenzó a abrirse formalmente a los mercados de carbono en agosto de 2024, durante el gobierno de Luis Arce, después de modificar el marco jurídico que durante años había prohibido la mercantilización de los servicios de la naturaleza. Aunque una sentencia constitucional y el Decreto Supremo 5264 permitieron avanzar hacia una nueva regulación, especialistas advierten que el país todavía enfrenta un escenario de incertidumbre institucional que podría generar riesgos para los territorios indígenas.

Los créditos de carbono son instrumentos mediante los cuales empresas buscan compensar sus emisiones financiando proyectos destinados a reducir o capturar gases de efecto invernadero. En América Latina, uno de los mecanismos más utilizados es REDD+, que pretende conservar bosques mediante incentivos económicos vinculados a la reducción de la deforestación y la degradación forestal.

Miguel Vargas, abogado e investigador de la problemática indígena en Bolivia, considera que el país ingresa a este mercado en condiciones de debilidad institucional. Señala que la estructura diseñada para administrar y supervisar estos proyectos desde el gobierno central todavía no corresponde con la complejidad ambiental y territorial boliviana.

El desafío es especialmente relevante porque alrededor de 20 por ciento de los bosques del país se encuentra dentro de territorios indígenas titulados, principalmente en la Amazonía, la Chiquitania y el Chaco. Vargas considera indispensable fortalecer la fiscalización y garantizar que las empresas que negocian con comunidades respeten derechos como la consulta previa, libre e informada, la participación en las decisiones y una distribución equitativa de los beneficios.

El economista ambiental Stasiek Czaplicki coincide en que Bolivia aún no reúne las condiciones necesarias. A su juicio, existen vacíos en regulación, salvaguardas, transparencia contractual y mecanismos de consulta, lo que podría favorecer abusos, fraudes, conflictos territoriales y greenwashing.

El gobierno de Rodrigo Paz, por su parte, plantea convertir la conservación de los bosques en una fuente de financiamiento. Su programa contempla certificar cerca de 20 millones de hectáreas y captar entre 15 mil y 25 mil millones de dólares durante los próximos 25 años mediante créditos de carbono. También propone involucrar a las Fuerzas Armadas en la vigilancia de áreas naturales.

Especialistas reconocen el enorme potencial forestal de Bolivia, pero señalan que antes deben fortalecerse las instituciones, los sistemas de monitoreo y la participación comunitaria. Natalia Calderón, de la Fundación Amigos de la Naturaleza, advierte que estos ingresos no sustituirán a corto plazo los recursos de los hidrocarburos.

Además, los expertos subrayan que los créditos sólo tendrán beneficios ambientales reales si se acompañan de acciones para reducir la deforestación y los incendios forestales. De lo contrario, advierten, el mercado podría convertirse en una solución financiera que no atienda las causas de la pérdida de bosques y que, al mismo tiempo, incremente la presión sobre los territorios indígenas.

Para las mujeres mapuche de la Patagonia argentina, el agua representa mucho más que un recurso natural. En su cosmovisión es el ko, una fuerza vital relacionada con el territorio, mientras que cada componente de la naturaleza posee su propio newen. Desde esta perspectiva, la llegada de grandes infraestructuras digitales suma una nueva presión a una región afectada por la escasez de agua.

Moira Millán, weychafe —“guerrera” en mapudungun— de la comunidad Lof Pillán Mahuiza, en Chubut, advierte que el deterioro de los ríos tiene consecuencias directas sobre las comunidades. La falta de agua, sostiene, ha provocado que algunas familias abandonen sus territorios ancestrales. En comunidades como Nahuelpan, mujeres como Nélida Askalipe deben recorrer varios kilómetros para abastecer de agua a sus hogares.

La preocupación se relaciona ahora con los planes del gobierno de Javier Milei para impulsar inversiones en infraestructura de inteligencia artificial. En junio, el Ejecutivo presentó el llamado Súper RIGI, una ampliación del régimen de incentivos para grandes inversiones que contempla beneficios fiscales y regulatorios para proyectos de gran escala, entre ellos los megacentros de datos.

Uno de los proyectos que genera inquietud es Atlas GigaHub, previsto para la Zona Franca de Trelew, Chubut. La iniciativa contempla una capacidad cercana a 3 mil megavatios y hasta 10 mil megavatios de generación renovable y almacenamiento. Sin embargo, pese a su presentación como un proyecto sustentable, todavía no se ha precisado cuánta agua requerirá.

El tema cobra especial relevancia porque Chubut declaró en agosto la emergencia hídrica, mientras otras provincias patagónicas también enfrentan sequías y restricciones.

Los centros de datos necesitan grandes cantidades de electricidad y agua para refrigerar sus servidores. La Agencia Internacional de Energía calculó que estas instalaciones consumieron alrededor de 560 mil millones de litros de agua en 2023 a nivel mundial, aunque la falta de información dificulta dimensionar sus impactos locales.

Organizaciones ambientalistas y comunidades mapuche cuestionan además la ausencia de una regulación específica para los centros de datos y sus efectos sobre los ecosistemas hídricos. Temen que el agua termine considerada únicamente como un insumo para atraer inversiones.

Para las mujeres mapuche, la defensa del agua forma parte de una lucha más amplia contra la minería, el fracking, los incendios y otros proyectos extractivos. A esta acumulación de daños la denominan “terricidio”, concepto que alude a la destrucción del territorio y de las formas de vida que dependen de él.

Bajo las áridas estepas del desierto de Gobi, en Mongolia, existe una biodiversidad que durante mucho tiempo permaneció prácticamente invisible. Una investigación de la Sociedad para la Protección de las Redes Subterráneas (SPUN) encontró que cerca de 90 por ciento del ADN de hongos micorrícicos analizado corresponde a especies que hasta ahora no habían sido identificadas por la ciencia.

El hallazgo fue presentado durante la COP17 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Desertificación, celebrada en Mongolia, donde también se discutió la creciente amenaza de las sequías y la degradación de los suelos.

Los hongos micorrícicos mantienen una relación fundamental con las plantas: forman extensas redes subterráneas que facilitan el intercambio de agua, carbono y nutrientes. En regiones áridas, esta asociación puede resultar determinante para que la vegetación sobreviva a condiciones extremas.

Sin embargo, la investigación también encontró una señal de alerta. En zonas donde los suelos presentan degradación se registró una reducción de hasta 70 por ciento en la riqueza de especies de hongos micorrícicos. Para Toby Kiers, directora ejecutiva de SPUN y profesora de biología evolutiva, el cambio climático estaría ejerciendo una presión incluso mayor que el sobrepastoreo.

La pérdida de estas comunidades subterráneas puede tener consecuencias que van más allá de los microorganismos. Según Kiers, las redes fúngicas contribuyen a mantener unido y estable el suelo, además de transportar carbono hacia sus capas profundas. Su desaparición podría favorecer la erosión y la desertificación, mientras que la pérdida de hongos podría reducir hasta en 50 por ciento la captura de carbono.

El fenómeno también representa un desafío para las comunidades pastoriles de Mongolia, cuya forma de vida depende directamente de la salud de los pastizales. Kiers destaca que los pastores poseen conocimientos acumulados durante generaciones sobre las condiciones del territorio y considera indispensable incorporar esa experiencia junto con la investigación científica.

Entre las posibles estrategias planteadas están los llamados “corredores fúngicos”, áreas destinadas a permitir la recuperación de las redes micorrícicas después de periodos de sequía o presión ambiental. Estos espacios funcionarían como “bibliotecas vivientes” de hongos, capaces de aportar comunidades saludables para futuros proyectos de restauración.

La investigación plantea así una nueva perspectiva frente a la desertificación: para proteger los ecosistemas visibles de la superficie también es necesario conocer y conservar la biodiversidad que existe bajo tierra. Para SPUN, reconocer el papel de los hongos en las políticas ambientales será fundamental para restaurar los pastizales del Gobi y enfrentar los efectos del cambio climático.

La minería ilegal de oro ha convertido al mercurio en una amenaza que se desplaza por los ríos de la Amazonía y pone en riesgo a cientos de comunidades indígenas y ribereñas de Perú, Bolivia y Brasil.

Un análisis de Mongabay Latam documentó por primera vez la dimensión de esta contaminación en las cuencas de los ríos Madre de Dios, Beni y Madeira. De acuerdo con investigaciones científicas, 249 comunidades ya presentan evidencias de contaminación por este metal pesado, mientras otras 702 localidades se encuentran en riesgo por su ubicación entre zonas de minería ilegal y poblaciones afectadas.

En Bolivia, el problema alcanza a la cuenca del río Beni, donde 39 comunidades han sido afectadas y otras 125 permanecen en riesgo. En algunas localidades analizadas, los niveles de mercurio superan hasta nueve veces el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La situación es especialmente preocupante porque numerosas familias dependen del pescado como una de sus principales fuentes de alimentación.

En Madre de Dios, Perú, la contaminación también se extiende mucho más allá de los sitios donde se extrae oro. El mercurio llega mediante los ríos hasta comunidades que no realizan actividades mineras y se incorpora a la cadena alimentaria a través del consumo de pescado. De 105 comunidades evaluadas, 80 registraron niveles superiores al límite recomendado por la OMS. La exposición alcanza además a niños, mujeres embarazadas y recién nacidos.

El escenario se repite en el río Madeira, Brasil, donde comunidades indígenas y ribereñas enfrentan la contaminación mediante uno de sus principales alimentos. En Lago Puruzinho, estudios científicos encontraron concentraciones de mercurio en el pescado de hasta siete veces el límite de seguridad.

La contaminación representa no sólo un problema ambiental, sino también una amenaza para la salud, alimentación y supervivencia de pueblos amazónicos que dependen directamente de los ríos.

La investigación advierte que el fenómeno continúa expandiéndose mientras la minería ilegal avanza aguas arriba. Por ello, el impacto del mercurio podría alcanzar a muchas más comunidades si no se fortalecen las acciones para combatir la extracción ilegal de oro, proteger los ecosistemas y garantizar alternativas seguras de alimentación para las poblaciones afectadas.