Por: Laura Campos Guido – @laura_camposguido.
El ambiente internacional vuelve a tensarse. Las políticas impulsadas —y reimpulsadas— por Donald Trump no solo reconfiguran la relación de Estados Unidos con el mundo, sino que reinstalan una narrativa peligrosa: la de la fuerza por encima del derecho, la del miedo como herramienta política y la del repliegue de los compromisos en materia de derechos humanos.
Para México, este escenario no es ajeno ni abstracto. Es inmediato, cotidiano y profundamente humano.
Cada vez que Trump habla de migración, de muros, de deportaciones masivas o de “amenazas externas”, lo que está en juego no son conceptos geopolíticos, sino vidas concretas. Familias separadas, niñas y niños en centros de detención, personas solicitantes de asilo criminalizadas, comunidades enteras viviendo bajo la constante amenaza de la expulsión. La política migratoria estadounidense, endurecida y deshumanizada, ha tenido consecuencias directas para México, que se ha convertido en país de origen, tránsito, destino y contención.
El problema no es solo el discurso, sino lo que habilita. Cuando una potencia normaliza el lenguaje del desprecio, otros gobiernos se sienten autorizados a hacer lo mismo. Se relativiza el derecho al asilo, se cuestiona la protección internacional, se debilita el principio de no devolución y se tolera la violación sistemática de derechos humanos en nombre de la “seguridad”.
México ha quedado atrapado en esa lógica. Bajo presión internacional, ha reforzado controles migratorios, ha militarizado fronteras y ha permitido que miles de personas queden varadas en condiciones precarias. Campamentos improvisados, falta de acceso a salud, violencia sexual, trata, extorsión. Todo esto ocurre mientras el discurso oficial insiste en la cooperación y la responsabilidad compartida.
Pero los derechos humanos no son negociables. No deberían depender del humor político de un líder extranjero ni de la coyuntura electoral de otro país.
El clima que generan las políticas de Trump también impacta otros derechos: el de las mujeres, el de las personas LGBT+, el de las comunidades racializadas. Su agenda ha legitimado retrocesos en derechos reproductivos, ha alimentado discursos de odio y ha debilitado los consensos internacionales construidos durante décadas para proteger la dignidad humana.
Para México, el riesgo es doble. Por un lado, soporta las consecuencias de decisiones tomadas fuera de sus fronteras. Por otro, corre el peligro de normalizar la excepción, de aceptar que en tiempos “difíciles” los derechos pueden posponerse. Y la historia nos ha enseñado que cuando los derechos se relativizan, nunca regresan intactos.
Hoy más que nunca, México debe sostener una postura firme: los derechos humanos no son moneda de cambio diplomática. Defender a las personas migrantes, garantizar el derecho al asilo, proteger a la niñez y rechazar la criminalización de la pobreza no es una postura ideológica, es una obligación constitucional y ética.
El mundo se está volviendo más hostil. Justamente por eso, México no puede darse el lujo de ser indiferente. Porque cuando el miedo gobierna la política internacional, la defensa de los derechos humanos se convierte en el último dique frente a la barbarie.
Y ese dique no puede ceder.
