El Gobierno de México puso en marcha la consulta nacional para integrar la versión final de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, una propuesta legislativa que busca reglamentar la reforma al artículo segundo constitucional y fortalecer el reconocimiento de estos sectores como sujetos de derecho público.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, anunció la firma de la convocatoria que formaliza el inicio del proceso de consulta, el cual concluirá con la presentación de la iniciativa ante el Congreso de la Unión el próximo 12 de octubre.
La funcionaria explicó que la consulta tiene como propósito recopilar opiniones, propuestas y observaciones de los pueblos y comunidades que serán beneficiarios directos de la legislación. Destacó que el proyecto fue elaborado durante varios meses con la participación de diversas dependencias federales.
El proceso consultivo estará dirigido a 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano y 16 mil 728 comunidades inscritas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
La organización de la consulta estará a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con el acompañamiento de organismos nacionales e internacionales.
De acuerdo con las autoridades, el procedimiento se desarrollará en cinco etapas. La primera inició con la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. Posteriormente, del 1 de julio al 6 de agosto, se realizará una fase informativa en la que se distribuirá material explicativo sobre el contenido de la iniciativa en las comunidades participantes.
Entre el 7 de agosto y el 13 de septiembre se efectuará la etapa deliberativa, periodo en el que cada comunidad analizará la propuesta conforme a sus usos y sistemas normativos. Además, se llevarán a cabo 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo en distintas ciudades del país.
Las aportaciones obtenidas serán evaluadas entre el 21 de septiembre y el 11 de octubre para integrar el proyecto final, que será enviado al Poder Legislativo el 12 de octubre, fecha conmemorativa del Día de la Nación Pluricultural y del Día de la Resistencia Indígena.
Por su parte, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, señaló que la iniciativa surge de la reforma constitucional publicada en septiembre de 2024 y busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos, reconociendo su personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad de autogobierno.
El proyecto contempla temas como la libre determinación y autonomía, los derechos de las comunidades afromexicanas, la protección de mujeres, niñas, niños y jóvenes indígenas, la atención a grupos vulnerables, los mecanismos de consulta previa e informada y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
Asimismo, incorpora la figura del juicio de amparo indígena y afromexicano, un mecanismo orientado a la protección de los derechos colectivos de estas comunidades, considerado una innovación dentro del marco jurídico nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la iniciativa fue resultado de aproximadamente un año y medio de trabajo interinstitucional y subrayó que la consulta constituye un requisito fundamental antes de remitir el proyecto al Congreso para su análisis y eventual aprobación.
