Por: Rafael Páramo.
“No es culpa del indio, sino del que lo hace compadre”, dice la sabiduría popular. Y esa frase podría describir con precisión quirúrgica la relación política entre el gobernador Samuel García y Luis Donaldo Colosio Riojas. Un alcalde con resultados modestos en Monterrey y cuya mayor fortaleza sigue siendo el peso de su apellido no alcanzó el Senado por la vía del voto, y hoy se muestra tibio y ambiguo frente a un arrebato que amenaza la democracia paritaria: la intención del Congreso local de aplazar la aplicación de la paridad, abriéndole la cancha al prianista Adrián de la Garza.
Adrián representa más que una candidatura: es la continuidad del viejo pacto PRI-PAN, el mismo que durante décadas definió la política en Nuevo León. El aplazamiento de la paridad no es un asunto técnico ni jurídico, es una estrategia para garantizar que ese bloque tenga oportunidad de reposicionarse en 2027, evitando que una mujer ocupe el espacio que constitucionalmente le corresponde.
Del otro lado, Morena juega distinto. Waldo Fernández, lejos de mostrar titubeos, asumió un papel partidista y reconoció que, de ser necesario, apoyaría a la eventual candidata, entendiendo que el proyecto está por encima de la ambición personal. En esa trinchera, nombres como Tatiana Clouthier, Judith Díaz o Clara Luz Flores se colocan como opciones viables. La diferencia con el PRI y el PAN es clara: mientras en un bloque se multiplican perfiles femeninos, en el otro la apuesta es prolongar privilegios a costa de una deuda histórica.
Y la presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo con sencillez: “que los regios decidan”. La decisión, sin embargo, debe tomarse en condiciones de equidad, no en escenarios amañados por quienes temen perder poder. Por eso el dato es relevante: más de 200 mujeres se manifestaron ya frente al Congreso, exigiendo que no se les niegue lo que la Constitución les garantiza.
Nuevo León nunca ha sido gobernado por una mujer. Esa es la evidencia más clara de que la paridad no es un capricho ni una moda, sino una deuda acumulada. Lo que está en juego no es sólo el derecho de las mujeres a competir en igualdad de condiciones, sino la oportunidad de transformar una política dominada por intereses de siempre en un espacio donde, al fin, la mitad de la población tenga voz real en las decisiones.
