El contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado por autoridades mexicanas por su presunta relación con una red dedicada al contrabando y distribución ilegal de combustible, fue trasladado desde Argentina hacia México a bordo de una aeronave de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).
Autoridades mexicanas informaron que Farías Laguna aceptó su entrega a la justicia mexicana mientras se encontraba en territorio argentino, después de que integrantes del gobierno de Estados Unidos se reunieran con él. Hasta el momento no se han dado a conocer las condiciones específicas bajo las cuales se concretó su traslado.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Semar, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que lleva a cabo el traslado del ex funcionario.
De acuerdo con la Fiscalía, Farías Laguna estaría posiblemente relacionado con una compleja organización criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible. Como parte de las investigaciones, 15 personas han sido detenidas por su presunta participación en esta estructura.
El ex contraalmirante enfrentará en México una acusación formal por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, según informó el Ministerio Público Federal.
El procedimiento para concretar su regreso a México enfrentó previamente diversos obstáculos. Sin embargo, representantes de la FGR y la Cancillería presentaron el desistimiento de la solicitud de extradición, medida con la que se solventaron los impedimentos que retrasaban su entrega.
Farías Laguna había sido señalado dentro de las investigaciones relacionadas con una red de huachicol, término utilizado para referirse al robo y comercio ilícito de combustibles. Su caso forma parte de una investigación más amplia que involucra a diversos ex servidores públicos y particulares.
Con su llegada a territorio mexicano, el ex funcionario deberá quedar a disposición de las autoridades correspondientes para continuar el proceso judicial en su contra y determinar su posible responsabilidad penal. La acusación, sin embargo, deberá ser acreditada ante las instancias judiciales mediante las pruebas correspondientes.
