A casi tres años de que el juzgado 31 de lo civil ordenara la desocupación y entrega de su departamento en Amores 1871, colonia Acacias, en la alcaldía Benito Juárez, Isabel Garza denunció que la misma autoridad jurisdiccional ha impedido ejecutar su propia sentencia, al facilitar a quienes ocupan su propiedad desde 2021 que promuevan actos para obstaculizar el desalojo.
En lo que calificó de “una nueva modalidad de despojo”, la mujer de 66 años explicó que en noviembre de 2020 firmó un contrato de arrendamiento con María Guadalupe Lilia Sánchez García, quien pagó un depósito y la renta correspondiente a enero del siguiente año, cuando ocupó el departamento con su hija Marion Ailin Hinojosa Sánchez; sin embargo, ya no abonó ni un mes más, al igual que las cuotas de mantenimiento y agua que estaban estipuladas en el contrato.
“Cuando empecé a cobrarle decía que no tenía dinero, que habían secuestrado a uno de sus sobrinos, pero que al mes siguiente pagaba”. Al cuarto, luego de negarse a desalojar voluntariamente, promovió un juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario.
El proceso se prolongó más de dos años y en diciembre de 2023 el juzgado emitió sentencia definitiva a su favor en la que se ordenó la desocupación y entrega de la vivienda, así como el pago de rentas y servicios vencidos.
También empezó otro proceso para la ejecución forzosa de la sentencia que le llevó otro año, pero cuando estaba por ejecutar el desalojo ya había un amparo en el que aparecía como propietario y arrendador Alí Camargo Bautista, nombre que jamás había escuchado. El expediente se fue a un juzgado de distrito y el desahucio se canceló.
El proceso fue sobreseído y se reanudó el de desalojo, programado para el próximo 10 de septiembre, pero se interpuso otro amparo nuevamente con Camargo como arrendador y aparece otra persona que renta: Jessica Alejandra Arámbula Rodríguez.
