Por: Laura Campos Guido – @laura_camposguido.
Cada 1 de diciembre, el Día Mundial de la Lucha contra el Sida nos recuerda dos realidades paralelas que conviven en México: la del enorme avance médico que ha permitido que las personas con VIH tengan una expectativa de vida prácticamente igual a la del resto de la población… y la del estigma social que sigue anclado en los prejuicios de los años ochenta.
Hoy, vivir con VIH no es una sentencia de muerte. La ciencia ha cambiado el panorama: los tratamientos antirretrovirales permiten mantener la carga viral indetectable, con lo cual también se vuelve intransmisible. La evidencia es contundente: “indetectable = intransmisible”. Sin embargo, en el discurso público y en la conversación cotidiana, esto aún no permea. Persisten ideas equivocadas sobre contagio, sobre responsabilidad y, sobre todo, sobre moralidad.
A las personas con VIH se les sigue señalando, cuestionando y aislando. En ámbitos laborales se enfrentan a despidos o barreras de contratación; en hospitales o consultorios aún se les atiende con miedo; en escuelas y familias se les reduce a estereotipos gastados. Mientras la ciencia avanza, la cultura social parece haberse detenido en el pasado.
A esto se suma una segunda capa de vulnerabilidad: México continúa enfrentando problemas de desabasto de medicamentos en diversas entidades y hospitales públicos. Las organizaciones civiles han documentado interrupciones constantes en el suministro de antirretrovirales, cambios no consultados en los esquemas de tratamiento y largas listas de espera para recibir atención especializada.
Este desabasto no solo pone en riesgo la salud y la vida de quienes viven con VIH. También compromete la salud pública y los esfuerzos internacionales por mantener la transmisión controlada. Un paciente que interrumpe su tratamiento no solo enfrenta complicaciones médicas severas; también incrementa la probabilidad de desarrollar resistencia a los medicamentos, lo que eleva los costos y afecta la eficacia del sistema de salud.
Las autoridades suelen afirmar que los faltantes son “casos aislados”, pero la evidencia —la de las salas de espera, las farmacias del sector público y las denuncias ciudadanas— muestra que la problemática es persistente. En un país con más de 360 mil personas viviendo con VIH, las omisiones no son un asunto menor.
Por eso cada 1 de diciembre la exigencia debe ser clara: trato digno, información veraz y abasto garantizado. No basta con iluminar los monumentos de rojo si seguimos permitiendo que el estigma defina la vida de quienes viven con VIH. Tampoco sirven los discursos si el medicamento no llega, si los hospitales no tienen insumos o si las campañas de educación sexual siguen siendo débiles, moralistas o inexistentes.
México tiene pendiente actualizar su conversación pública y fortalecer su política sanitaria. Lo primero exige combatir la desinformación; lo segundo, voluntad institucional y continuidad presupuestal. Ambos caminos son urgentes.
Las personas con VIH ya no viven como antes. Ahora toca que la sociedad tampoco piense como antes y que el Estado garantice lo que prometen las leyes: una vida plena, libre de estigma y con acceso continuo al tratamiento. Sin eso, la lucha contra el sida seguirá incompleta.
