En México aumentan las preocupaciones por los impactos ambientales y sociales relacionados con proyectos de extracción y procesamiento de hidrocarburos. El debate abarca desde el fracking y la exploración petrolera en aguas profundas hasta la construcción de una planta de amoniaco en Sinaloa y un reciente derrame químico en Sonora.
Uno de los principales focos de atención es el fracking. Un estudio de CartoCrítica señala que más de 6 millones de personas viven en regiones donde podría desarrollarse esta actividad. Especialistas advierten que la técnica requiere grandes cantidades de agua y podría generar conflictos por el acceso al recurso, además de afectar territorios rurales y comunidades indígenas. También existen cuestionamientos por posibles riesgos de contaminación, emisiones de metano, daños a la salud y sismos.
Aunque el gobierno mexicano ha planteado la posibilidad de realizar un fracking considerado “sustentable”, científicos y organizaciones ambientales sostienen que no existe suficiente evidencia para garantizar que sus impactos puedan evitarse.
En Sinaloa, la construcción de una planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira continúa generando oposición entre comunidades yoreme-mayo. Pese al respaldo presidencial al proyecto, los habitantes mantienen desde hace más de una década su rechazo ante los posibles efectos sobre el ambiente y su territorio, ubicado en un sitio Ramsar.
Otro tema es la posible exploración de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México, derivada de un acuerdo entre Pemex y Petrobras. Especialistas alertan que estas operaciones podrían elevar el riesgo de derrames y afectar ecosistemas marinos, manglares, arrecifes y comunidades que dependen de la pesca y el turismo.
Finalmente, en Sonora, el descarrilamiento de un tren de Ferromex provocó el vertido de más de 70 mil litros de hidrosulfuro de sodio en un arroyo de Naco. Aunque las autoridades todavía evalúan el alcance de la contaminación, expertos consideran necesario mantener un monitoreo ambiental y realizar trabajos de remediación para determinar posibles afectaciones al agua, suelo, aire y salud de las comunidades.
En conjunto, estos casos reflejan los desafíos que enfrenta México para conciliar el desarrollo energético con la protección ambiental, la salud pública y los derechos de las comunidades.
