El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició el proceso legal para retirar la demanda por 10 mil millones de dólares que presentó contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS), relacionada con la filtración de sus declaraciones fiscales.
La decisión fue dada a conocer mediante una presentación judicial ante un tribunal federal en Florida, donde Trump argumentaba haber sufrido daños financieros, empresariales y reputacionales tras la divulgación de información tributaria confidencial.
El movimiento legal ocurre en medio de versiones sobre un posible acuerdo impulsado por la administración Trump para crear un fondo de aproximadamente mil 700 millones de dólares destinado a beneficiar a aliados políticos que aseguran haber sido investigados o procesados injustamente en años anteriores.
Aunque el documento presentado ante la corte no especifica los términos de una eventual negociación, la propuesta generó críticas inmediatas entre legisladores demócratas.
El congresista Jamie Raskin calificó la iniciativa como “inconstitucional” y acusó al mandatario de intentar beneficiar políticamente a personas cercanas fuera de los mecanismos legales convencionales.
La demanda de Trump surgió tras la publicación de sus declaraciones fiscales y las de la Organización Trump, documentos que revelaron detalles financieros, entre ellos el pago de 750 dólares en impuestos federales sobre la renta durante su primer año como presidente.
El caso tomó relevancia después de que Charles Edward Littlejohn fuera sentenciado a cinco años de prisión por filtrar información tributaria de Trump y otros contribuyentes de alto perfil entre 2018 y 2020.
Trump ha sostenido que diversas investigaciones y procesos judiciales en su contra fueron impulsados políticamente durante la administración de Joe Biden, particularmente los relacionados con las elecciones de 2020 y el manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago.No obstante, el exfiscal general Merrick Garland rechazó en distintas ocasiones esas acusaciones y afirmó que las decisiones judiciales se basaron únicamente en pruebas y legislación vigente.
