El gobierno del presidente Donald Trump avanza en la construcción de un nuevo sistema de seguridad fronteriza entre Estados Unidos y México que combina infraestructura física con tecnología de vigilancia, en un proyecto denominado «muro inteligente» y valuado en 46 mil millones de dólares.
La iniciativa contempla la instalación de bardas de acero de nueve metros de altura, así como un sistema de monitoreo integrado por inteligencia artificial, cámaras de alta resolución, sensores, radares, torres de vigilancia y redes de fibra óptica para reforzar el control migratorio a lo largo de la frontera.
De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el objetivo del proyecto es detectar movimientos en tiempo real y enviar alertas automáticas a los agentes, permitiendo una vigilancia permanente incluso en zonas de difícil acceso.
El comisionado de la CBP, Rodney Scott, aseguró ante el Congreso que el proyecto representa una evolución del muro tradicional al incorporar herramientas tecnológicas que facilitan las labores de vigilancia y permiten a los agentes concentrarse en otras tareas operativas.
Como parte del plan, también se despliegan torres móviles equipadas con cámaras, sensores infrarrojos y sistemas de inteligencia artificial, además de cables de fibra óptica subterráneos capaces de detectar vibraciones y movimientos. En Texas, las autoridades comenzaron además la instalación de boyas flotantes en el Río Bravo para impedir cruces irregulares.
El Gobierno estadounidense informó que una primera etapa del proyecto podría concluir en aproximadamente un año. Hasta mediados de junio de 2026 se habían construido 119 kilómetros adicionales de barreras y se realizan trabajos de modernización en cientos de kilómetros previamente edificados.
Sin embargo, alrededor de 861 kilómetros de la frontera permanecerán sin bardas debido a las características del terreno. En esas áreas se reforzará la vigilancia mediante sensores terrestres y torres de monitoreo.
El proyecto ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones civiles y especialistas, quienes advierten sobre los posibles efectos en la privacidad de los habitantes de la región fronteriza y el impacto de la vigilancia permanente.
La Southern Border Communities Coalition sostuvo que la expansión tecnológica podría obligar a los migrantes a utilizar rutas más peligrosas y afectar a las comunidades que viven cerca de la frontera. Asimismo, algunos residentes han denunciado la instalación de sensores en propiedades privadas sin autorización.
Las críticas también alcanzan el costo del proyecto. Organizaciones como Taxpayers for Common Sense solicitaron una evaluación independiente para determinar la eficacia de las tecnologías adquiridas y verificar si la inversión pública generará los beneficios esperados.
Por su parte, especialistas en derechos digitales han advertido que el uso de inteligencia artificial en labores de vigilancia podría derivar en errores o decisiones sesgadas durante la identificación de personas o actividades consideradas sospechosas.
En la región de Big Bend, al sur de Texas, organizaciones ambientales lograron frenar la construcción de nuevas bardas de acero en áreas protegidas. No obstante, la CBP mantiene planes para desarrollar caminos de patrullaje, instalar barreras para vehículos y ampliar la infraestructura tecnológica de vigilancia en esa zona.
