La política migratoria del presidente Donald Trump alcanzó nuevos niveles de intensidad durante junio, al registrar un récord de arrestos de personas migrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras organizaciones civiles y legisladores denunciaron un incremento en las muertes bajo custodia, presuntas violaciones a derechos humanos y acciones para criminalizar las protestas contra las redadas.
De acuerdo con cifras oficiales, ICE realizó 43 mil 138 arrestos durante junio, elevando a 65 mil 765 el número de personas recluidas en centros de detención. Además, el gobierno estadounidense reportó cerca de 600 mil deportaciones desde el inicio de la administración, en enero de 2025. Especialistas estiman que julio podría superar esas cifras, con un promedio de mil 474 detenciones diarias durante los primeros días del mes.
El aumento en los operativos responde al fortalecimiento del presupuesto destinado al control migratorio, la contratación de más agentes y nuevas estrategias de localización de migrantes indocumentados, especialmente en comunidades rurales y localidades donde existe colaboración con autoridades locales.
Al mismo tiempo, organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron sobre el incremento de hechos violentos relacionados con estas acciones. Según datos citados en el reporte, al menos 23 migrantes han sido baleados por agentes desde el regreso de Trump a la presidencia, de los cuales seis fallecieron, mientras que 52 personas han muerto en centros de detención administrados por ICE.
Las medidas también han generado protestas en distintas ciudades, además de cuestionamientos por la eliminación de permisos laborales para beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), decisión que ha provocado preocupación en sectores como la salud y la agricultura por la posible escasez de trabajadores.
Diversas organizaciones, entre ellas la ACLU, sostienen que los operativos han derivado en violaciones a derechos civiles, mientras gobiernos locales han impulsado medidas para limitar la colaboración con autoridades federales y reforzar la protección de las comunidades migrantes.
